Recibido: 15/02/2020

Aceptado: 23/03/2020

Rocío Guadalupe Sosa Peña¹, María Lyssette Mazó Quevedo², Fabiola Torres Méndez³, Raquel Olivia de los Santos de Dios ⁴

1* Universidad Popular de la Chontalpa, México. Email: [email protected]

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-4949-9984

2. Universidad Popular de la Chontalpa, México. Email: [email protected]

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-9174-3704

3.* Universidad Popular de la Chontalpa, México. Email: [email protected]

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-0180-652X

4. Universidad Popular de la Chontalpa, México. Email: [email protected]

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-1341-657X

Para Citar: Sosa Peña, R., Mazó Quevedo, M., Torres Méndez, F., & de los Santos de Dios, R. (2020). Factores que influyen en la participación política de las mujeres en el Estado de Tabasco, México. Revista Publicando, 7(24), 110-124. Recuperado de https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/2080

Resumen: El trabajo analiza los factores estructurales de mayor impacto en el proceso de la participación política de las mujeres en espacios de autoridad de la administración pública del Estado de Tabasco. Es un estudio mixto en el marco de la teoría de la democracia y la igualdad de género. Se aplicó un cuestionario a una muestra intencional no probabilística de noventa mujeres en puestos electorales y cargos directivos del Estado y municipios de Tabasco. Los factores que obstaculizan la inserción de las mujeres en la esfera política son: la violencia política y el acoso sexual. Uno de los principales factores estructurales personales que limitan la participación política y administrativa de las mujeres es: la falta de experiencia en el ejercicio del poder. Entre los factores que relegan la participación política de las mujeres se encuentra: favoritismo partidista hacia los líderes masculinos. Y, entre los factores personales que favorecen la participación de las mujeres en diferentes espacios políticos estatales y municipales se encuentran: las habilidades directivas y autonomía de criterio, sensibilidad y compromiso por cuestiones sociales, y la transparencia en la gestión. Estos resultados coadyuvan a identificar los desafíos de las mujeres para competir con éxito en escenarios electorales y en nombramientos directivos en la administración pública estatal y municipal.

Palabras clave: Participación política, democracia de género, empoderamiento político, ciudadanía.

Abstract: The work analyses the structural factors of greatest impact in the process of women's political participation in areas the authority of the public administration of Tabasco State. It is a mixed study in the framework of the theory of democracy and gender equality. A questionnaire was applied to an intentional non-probabilistic sample of ninety women in electoral posts and state and municipal management positions in Tabasco. The factors that hinder women's insertion into the political sphere are political violence and sexual harassment. One of the main personal structural factors that limit women's political and administrative participation is lack of experience in the exercise of power. Among the factors that relegate women's political participation is favoritism partisan towards male leaders. And, among the personal factors that favor women's participation in a different state and municipal policy spaces are management skills and autonomy of judgment, sensitivity and commitment to social issues, and transparency in management. These results help identify women's challenges in successfully competing in electoral scenarios and management appointments in the state and municipal public administration.

Keywords: Political participation, gender democracy, political empowerment, citizenship.

INTRODUCCIÓN

El artículo es parte de los resultados de la Investigación Participación política de las mujeres tabasqueñas, financiado por el Programa para el desarrollo profesional docente, tipo superior (PRODEP). El estudio responde a la concientización del paradigma democrático de género. Este ha logrado avanzar gracias al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, entre los cuales se encuentran los derechos civiles y políticos insertados en las leyes y reforzado con medidas afirmativas en materia electoral.

Se concibe a partir de la importancia del liderazgo y participación política de las mujeres para construir una sociedad justa y equilibrada. Medina (2010), coincide en la necesidad de repensar sobre el respeto al liderazgo, al empoderamiento y a la ciudadanía de las mujeres. En este sentido, ONU Mujeres (s/f) reflexiona sobre el peligro en que se encuentra la participación de las mujeres, no solo en el ámbito local, sino también mundial. Acentúa sus capacidades como líderes y agentes de cambio, y reconoce el derecho de participación en la gobernanza democrática. Subraya entre las barreras estructurales las de índole institucional que continúan discriminándolas y, por ende, con menor probabilidad que los hombres de contar con educación y recursos necesarios para realizar un liderazgo efectivo.

En el contexto mexicano, la ciudadanía de las mujeres comienza a cimentarse a partir de la conquista del sufragio universal. Si bien, a partir de 1953 se establece el derecho de las mujeres mexicanas de votar y ser votadas para todos los cargos de elección popular, la participación de mujeres en la política fue casi nula en las primeras décadas. Y esto apertura otro capítulo del problema histórico sobre la inclusión de las mujeres en los espacios políticos. Acceder a cargos de autoridad en la administración pública ha representado un reto para las mujeres mexicanas. En los años noventa del siglo pasado, la participación de las mujeres dentro de los partidos políticos fue secundario, es decir, no era prioridad de los dirigentes considerar a las mujeres en las candidaturas a los cargos de elección popular. En la primera década del siglo XXI, aun con las cuotas de género, se continuó preservando la desigualdad y la discriminación política hacia las mujeres (Girón, González y Jiménez, 2008).

Los partidos políticos fueron los primeros en violentar las cuotas de género a través de por lo menos dos tipos de simulación. Uno de ellos, fue el colocar a las mujeres como suplentes en la mayoría de las fórmulas de candidaturas y muy pocas propietarias. Se pretendía cumplir la cuota numéricamente y no en forma efectiva. De esta forma las mujeres no llegaban al poder. Ejemplo de este caso se evidenció en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral bajo el Expediente SX-JRC-10/2012 (2012). Se acusó a la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, de incumplir con la cuota de género al presentar 11 fórmulas completas con propietarios y suplentes varones, y 7 fórmulas con un propietario varón y suplente mujer; las mujeres solo tenían 2 formulas del mismo género y una fórmula mixta como propietaria. Es decir, ni numéricamente cumplían las cuotas, la simulación fue evidente con 18 varones propietarios y 12 varones suplentes y, 3 mujeres propietarias y 9 mujeres suplentes. El Tribunal Electoral Federal confirmó la violación a los principios de igualdad y legalidad en relación con la cuota de género y, obligó a los partidos políticos a respetar la cuota de género y dispuso que, en las fórmulas de candidatos y candidatas, propietario (a) y suplente debían ser del mismo sexo.

Otra forma de simulación se presentó en el Estado de Oaxaca, en relación con el cumplimiento del principio de paridad en las candidaturas en las elecciones 2018. En este caso, tres mujeres electas presidentas municipales y sus suplentes renunciaron voluntariamente a su encargo, siendo sustituidas por varones. En relación con esos hechos las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) Adriana Favela, Dania Ravel y Claudia Zavala, así como Anabel López Sánchez, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, coincidieron en señalar que se trata de una simulación del principio de paridad en ese Estado (INE, 2019).

Dentro de la gobernanza democrática el avance de las mujeres se hace complejo, y surge la necesidad de enfatizar estrategias para su inclusión política positiva. Sentencias como la anterior, cuerpo de leyes y medidas afirmativas van conformando parte de esas estrategias. Gracias a todo ello, en las elecciones locales y federales del 2018 en México, la paridad de género se hizo realidad. Las mujeres lograron ocupar el 50% en el congreso federal y en la mayoría de los congresos locales, así mismo, aumentó el número de mujeres en presidencias y cabildos municipales. No obstante, la inclusión con empoderamiento se encuentra en la autonomía de la toma de decisiones y no solo en el triunfo electoral que, si bien representa una nueva identidad sociopolítica, todavía enfrenta factores estructurales de diversa índole que deben ser identificados para lograr “transformar la ideología patriarcal y las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación de género” (Zaldaña, 1999, p.12).

Por lo anterior, el artículo presenta el caso del Estado de Tabasco, donde a partir del análisis de factores de índole cultural, educativo, económico, político y psicológico relacionados con la participación política de las mujeres en el Estado, se busca atender, por una parte, la recomendación de ONU Mujeres (2014) de transformar las relaciones de género a partir de causas estructurales que limitan el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Para lograrlo, se valoró la percepción de las mujeres en cargos de elección y con nombramientos directivos en la administración pública del Estado y municipios, identificando condicionantes culturales, educativos, económicos, políticos y psicológicos, que representan desafíos para competir con éxito en el escenario político. Por otra parte, haciendo visibles estos acondicionamientos estructurales, se aportan esfuerzos desde lo local para ir transitando hacia una representación paritaria en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno conforme al Objetivo 5 de la Agenda 2030 en México (Presidencia de la República, 2019, pp. 44-46).

METODOLOGÍA

El estudio mantiene un enfoque con aproximación en el área de humanidades y ciencias de la conducta. Desde la perspectiva metodológica, es un estudio mixto, en mayor medida cualitativo bajo el paradigma interpretativo. El diseño de investigación comprende la exploración documental y de campo. La revisión de la literatura aporta el referente sobre la participación política de las mujeres, permitiendo ampliar el área de conocimiento, fundamentar las premisas de investigación y delimitar los componentes que inciden en la participación política de las mujeres.

El objetivo del estudio es analizar los factores de índole cultural, educativo, económico, político y psicológico de mayor impacto en el proceso de participación política de las mujeres en espacios de autoridad de la administración pública del Estado de Tabasco. Para el efecto, se aplicó un cuestionario donde se identificaron aquellos factores que relegan o favorecen la participación política de funcionarias, desde la percepción y experiencia de las mujeres que se encuentran actualmente en cargos públicos con poder de iniciativa, decisión y mando.

El cuestionario aplicado fue el propuesto por Tello (2009, pp. 140-148), con algunas modificaciones realizadas con la autorización de la autora, a fin de adecuarlo, por un lado, a la idiosincrasia de las tabasqueñas, por otro lado, hubo de anexarle algunos apartados para cumplir con el objetivo del estudio, como es el caso del factor psicológico y político.

Para establecer la muestra intencional no probabilística se sistematizó información de directorios de páginas web de la administración pública estatal, de los 17 municipios del Estado, de la legislatura federal y legislatura local. Se identificó el número de mujeres funcionarias y se estimó inicialmente un 50% del total de la población objeto de estudio. Sin embargo, debido a las dificultades para su localización o disposición, la muestra quedó representada por 90 funcionarias: 1 de 2 secretarias de Estado, 1 de 2 subsecretarias y 2 de 4 directoras de Estado, representando el 50% en cada caso; 2 de 7 presidentas municipales, representando el 28.57%; 32 de 113 regidoras que integran los cabildos municipales, representando el 28.31%; 43 de 77 directoras en la administración pública de los 17 municipios del Estado, representando el 55.84%; 1 senadora del Estado en el Congreso de la Unión, representando el 100%; 1 de 5 diputadas federales, representando el 20%; 7 de 18 diputadas del Estado, representando el 38.8% (véase Tabla 1).

Cabe aclarar que el cuestionario fue aplicado en el mes de septiembre de 2018 en 5 de los municipios del Estado durante el trienio 2016-2018, y en una Secretaría de Estado durante el sexenio 2013-2018. En el caso de la legislatura federal y local, así como en 12 municipios, los cuestionarios fueron aplicados a las funcionarias del actual gobierno durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, describiendo brevemente el significado de cada uno de los factores de índole cultural, educativo, económico, político y psicológico, señalando los componentes estudiados en cada caso.

1. Elemento cultural. Determina los valores de cada sociedad e influye en cada individuo a partir de la educación familiar, escolar, social e incluso religiosa y estos, influir en otras dimensiones sociales. “La cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico” (Eagleton, 2001, p. 58).

La cultura patriarcal, por ejemplo, es caracterizada por minimizar a las mujeres en la vida productiva de la comunidad, y ensalzar al varón como autoridad principal en los espacios socioculturales. En esta visión, es connatural a los varones dedicarse a los asuntos públicos, y a las mujeres les son propios los roles reproductivos y del cuidado de la familia y, en la cual recae, el funcionamiento moral de la colectividad. En México, como en muchos otros países, hasta hace muy poco, fue la cultura prevaleciente.

A partir de la toma de conciencia de su propia identidad como ser humano sujeto de derechos, las mujeres exigen otros espacios de participación fracturando la cultura tradicional. La cultura democrática se impone y tiende a desplazar a la cultura patriarcal, transición que no ha terminado aún.

En México, hay regiones donde se observa un marcado rechazo hacia la participación de las mujeres en cargos públicos, como sucede en algunos municipios indígenas de Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas. En unos municipios oaxaqueños, las mujeres son consideradas clientes políticas o grupos vulnerables, limitando su participación por usos y costumbres, en otros, la participación social y políticas de las mujeres es activa, principalmente por su creciente escolaridad, la migración masculina, su inserción en las corrientes democratizadoras, su lucha contra la discriminación étnica, entre otros (Barrera, 2006, pp. 29, 36). En municipios de Tlaxcala y Chiapas sucede una situación similar con los usos y costumbres. Sin embargo, debe observarse que en la medida en que las indígenas han alzado su voz para exigir respeto a la dignidad de las mujeres, los usos y costumbres se van reorientando hacia su inclusión sociopolítica (Vázquez, 2010, p. 135-136). Lo anterior hace necesario identificar los componentes culturales que intervienen en la inserción política de las mujeres y determinar la dirección en la que se tiene que avanzar en la gobernanza democrática con igualdad de género, atendiendo la idiosincrasia en cada región del país.

En este estudio, para el caso de Tabasco, dentro de los factores culturales se analizaron los siguientes componentes: a) condición étnica o racial y discriminación, b) condición de víctima de acoso sexual y/o violencia política, c) doble jornada laboral y condicionamientos, de los cuales se obtuvieron los resultados alcanzados.

a) Condición étnica o racial y discriminación. Entre los resultados obtenidos se encontró que, de las mujeres encuestadas, el 67.8% se consideró mestiza, el 10% se consideró blanca, el 7.8% se consideró indígena, el 5.6% se consideró de otra condición étnica distinta a las opciones dadas y, el 7.8% decidió omitir su respuesta. En relación con la discriminación sufrida por su condición étnica o racial, con el 66.7%, la mayoría de las mujeres nunca se han sentido discriminada, el 21.1% señaló que alguna vez se han sentido discriminadas, el 2.2% a menudo se sienten discriminadas, el 3.3% constantemente sufren discriminación y, el 6.7% decidió omitir su respuesta.

A través de la ratificación de instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y las recomendaciones de la Convención de Belém do Pará, entre otros, en la década de los noventa México comienza a formular programas para lograr la igualdad y eliminar la violencia hacia las mujeres. Desde el año 2000, el tema se incluyó en planes nacionales de desarrollo, planes sectoriales, programas especiales y medidas legislativas; y, en congruencia con estas disposiciones nacionales, el tema de igualdad se incluyó en las agendas públicas de los Estados. Con estas acciones, se quiere rescatar a las mujeres indígenas y a las mujeres en general de la marginación sociopolítica (ProIgualdad 2015-2018, pp. 16-22, 53).

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de la sociedad tabasqueña ha alcanzado una conciencia social de respeto y aceptación a la diversidad étnica o racial. No obstante, el pluralismo y tolerancia debe prevalecer dentro de la clase política y sociedad civil para eliminar los rezagos de toda clase de discriminación, que, en este estudio, se encuentra representado por una tercera parte de las mujeres encuestadas.

b) Acoso sexual y violencia política. Estas conductas son otras formas de manifestación de la discriminación de género. El acoso sexual es considerado como una forma específica de violencia contra las mujeres (Organización Internacional del Trabajo, s/f). Se entiende por acoso sexual aquella persecución que, por motivos sexuales, realiza una persona hacia otra. La acción puede adoptar ofensas verbales, expresivas, acoso físico, exhibicionismo, etc. (Pedroza, 2014: 226). Por violencia política en razón de género, se entiende aquella discriminación o agresión por parte de militantes o simpatizantes de partidos políticos, autoridades, funcionarios en contra de mujeres candidatas o electas, por ese hecho, o bien, debido a que las mujeres se niegan a convertirse en cómplices en prácticas corruptas de favoritismo partidario (Tello, 2009, pp. 76, 77, 144).

Los resultados demuestran que estas conductas continúan siendo un problema sociopolítico que ha marcado el camino recorrido de la mayoría de las funcionarias encuestadas. El 15% ha sufrido acoso sexual, el 22.2% ha sufrido violencia política y el 13.3% ha sido víctima de ambas conductas ilícitas. La suma de las mujeres que han sufrido violencia política y/o acoso sexual representa a una mayoría con el 51.1%. El 44.4% ha sido ajena a estas conductas y, el 4.4% omitió su respuesta.

En base a los anteriores resultados, el acoso sexual y la violencia política resultan ser un foco rojo que debe priorizarse en la agenda jurídica del Estado de Tabasco. Actualmente la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia incorporó el concepto de violencia política contra las mujeres, empero no lo tipifica. En el Estado, se propuso el protocolo contra la violencia política por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Tabasco, encabezado por el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y el INMUJERES, como una medida afirmativa a favor de las mujeres para el caso y en tiempos electorales, Sin embargo, está pendiente legislar para ambos tipos de violencia, tanto en la Constitución local, como en el Código Penal y en materia electoral.

c) Doble jornada laboral y condicionamientos. De los resultados se desprende que el 28.9% de las mujeres encuestadas cuentan con otro trabajo además de la función pública que desempeñan. De los condicionamientos laborales planteados a las funcionarias, se encontró que, del 78% de las mujeres que tienen hijos, el 9% respondió que éstos, de alguna manera condicionan su carrera política. Así mismo, el 56% mencionó recibir apoyo total de su pareja en la crianza de sus hijos, el 27% de las mujeres cuentan con apoyo económico ocasional del padre de sus hijos, y el 9% no reciben ningún apoyo económico del padre de sus hijos. Estas representan un total del 36% de las funcionarias que son responsables completamente de la manutención de sus hijos y de los gastos del hogar. En cuento al cuidado de los hijos el 35% manifestó que se ocupa sola, el 27% cuenta con el apoyo de familiares, el 24% cuenta con empleada doméstica para el cuidado de sus hijos y, solo el 1% ocupa guardería. El 13% decidió reservar su respuesta.

En relación con la doble jornada laboral entre el trabajo doméstico y la función pública, el 35% de las funcionarias se hace cargo del cuidado de sus hijos en forma personal, lo que incluye labores domésticas, como la preparación de alimentos, limpieza del hogar, dejar y recoger los hijos a la escuela, tiempo para revisar y apoyar con las tareas, el cuidado de la ropa, etc. Esto representa que un tercio de las mujeres se ocupan solas en el cuidado de sus hijos, sin apoyo de familiares, empleada doméstica o guardería. Y aunque no puede afirmarse, se presume que esta situación puede deberse a una retribución económica insuficiente que no permite solventar el salario de una trabajadora doméstica como apoyo a las labores del hogar y cuidado de los hijos, y ante el incumplimiento paterno de la corresponsabilidad alimentaria.

2. Factores de índole educativo.

El término educación se ha definido desde diversos enfoques, entre ellos: el vulgar, el filosófico y el científico. En el sentido vulgar, se concibe a la educación como forma adecuada de comportamiento y como un saber. La acepción filosófica lo concibe como un proceso de perfeccionamiento (in fieri), y como el conjunto de rasgos poseídos por las personas que han alcanzado el tipo ideal de hombre educado (in facto ese), y de este enfoque se derivan una serie de definiciones pensadas por los eruditos en el tema. El enfoque científico considera varias acepciones o formas de pensar la educación, entre las cuales se encuentra la vertiente institucional y sistematizada proporcionada por el Estado, donde el objeto de la educación es fomentar el trabajo intelectual y la convivencia social, es decir la socialización del saber que apoye a la solución de los problemas sociales desde el punto de vista de la sociología educativa (Fermoso, 2013, pp. 123, 136, 137).

La Ciencia Política, por su parte, considera que esta educación impartida por el Estado, en tanto función productiva es derecho de todas las clases sociales y en igualdad de género. Bajo este enfoque se “destaca los problemas de igualdad y democracia, y la economía de la educación” dándole a la educación “una función productiva en beneficio de la sociedad, basada en la utilización y el mejoramiento de la ciencia moderna” (Guevara y De Leonardo, 2014: 61).

En la ideología liberal, la educación es un proceso sistematizado para adquirir conocimientos, habilidades y destrezas que tiene como finalidad coadyuvar con la transformación y desarrollo de la sociedad. Así mismo, la educación es un derecho público de todo ser humano en nuestro país y debe impartirse por el Estado sin discriminación alguna. Ideología plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 2019) en su artículo 3ro: “Toda persona tiene derecho a recibir educación”, y la vincula con los valores culturales, formación cívica, jurídica, y política, constituye la preparación del individuo cuyo proceso abarca desde la educación preescolar a la formación técnica o profesional, que permite alcanzar a las personas conocimientos, destrezas y habilidades y contribuir en el desarrollo de la sociedad. De esta forma, a través del grado académico alcanzado por las funcionarias públicas, se puede suponer al menos, la capacidad técnica para desarrollar la función pública con mayores probabilidades de éxito en beneficio de la comunidad.

Antes de pasar a los resultados de la investigación, se debe advertir que de acuerdo con las normas constitucionales federal y local, así como la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco (LOMET, 2018), no es requisito exigible el tener cierto grado académico para ostentar un nombramiento o cargo de elección popular. Los artículos 55 y 58 de la CPEUM (2019) para ser Diputado Federal y Senador de la república mexicana, entre los requisitos, no se requiere contar con cierto grado académico. Así mismo, la Constitución Política del Estado de Tabasco (CPET, 2019), en su artículo 64 Fracción XI, para ser regidor no se requiere tener cierto grado de estudio y de la misma manera, este requisito no se exige para ser diputado local. Por su parte, la LOMET (2018) en su artículo 75, advierte que, para desempeñar un cargo de dirección en los ayuntamientos, se requiere: “Tener título o experiencia afín al órgano de que se trate”, es decir, no requiere necesariamente un título o cedula profesional para desempeñar un cargo directivo, basta por lo menos, tener experiencia relacionada con el cargo directivo de que se trate.

Ahora bien, dada la finalidad de la educación impartida por el Estado, y que desde la ciencia política se afirma su función económica dentro de una sociedad democrática e igualitaria, cabría cuestionarse: ¿debe ser un requisito el tener un grado académico para acceder a un cargo público de elección popular o a un nombramiento administrativo? La respuesta en la teoría de la democracia, donde todo ciudadano tiene derecho a gobernar, basta los requisitos establecidos actualmente en la norma jurídica, donde un grado académico no es necesario. Por otro lado, la lógica señala que, entre mayor grado de estudio del servidor público, mayor eficiencia y eficacia tendrá en la función pública encomendada.

Desde el anterior punto de reflexión, hubo de cuestionar sobre a) el grado máximo de estudio de las funcionarias y b) la importancia de la capacitación en el desempeño de la función pública. En este último aspecto fueron valorados tres aspectos: actualización de conocimientos a través de la capacitación, importancia atribuida a la capacitación, y el grado de afectación de su formación profesional sobre su proyección política.

a) Grado máximo de estudio. Los resultados alcanzados confirman que el 72.22% de las funcionarias encuestadas ostentan un grado académico, de las cuales, el 17.78% cuenta con estudios de posgrado y el 54.44% tienen licenciatura. El 21.11% de las funcionarias cuentan con una preparación técnica y, en menor medida con el 6.67% alcanzaron una preparación secundaria.

b) Importancia de la capacitación en el desempeño de la función pública. Los resultados obtenidos muestran que: en relación a la actualización, el 81% de las funcionarias realizan cursos de capacitación; sobre la importancia de la capacitación, el 81% consideran que la capacitación es muy importante para mejorar su gestión en la función pública, el 12% lo consideró importante, y el 7% omitió su respuesta; y en la relación formación académica/proyección política, el 79% de las funcionarias consideran que su formación académica no afecta su proyección política, el 15% consideró que su proyección política sí se ve afectada negativamente. En este último aspecto, se debe observar que entre las mujeres que se ven afectadas en su carrera política por su formación académica se encuentran quienes tienen un nivel técnico o secundaria.

De conformidad con los resultados obtenidos en este rubro, se puede establecer que la mayoría de las encuestadas, están preparadas para ejercer la función pública, con posibilidades de éxito en su desempeño en beneficio de la colectividad.

3. Factores económicos.

Se refiere a los medios materiales o inmateriales que se relacionan con el poder adquisitivo de las personas para satisfacer sus necesidades. En este caso específico, además de lo anterior, implica también tener los medios económicos que permita a las mujeres llevar a cabo el proceso del liderazgo político que conlleve a una posición de poder.

Este factor puede ser de ventaja o desventaja de hombres y mujeres para financiar sus proyectos personales y/o profesionales en sus actividades políticas. Sin embargo, la pobreza afecta más a las mujeres, porque no solo tienen que atender su trabajo sino también hacer las tareas domésticas, lo que conlleva a reducir el tiempo para realizar actividades de superación. Los hombres, por su parte, pueden ejercer su trabajo y en sus tiempos libres pueden ejercer otro empleo, preparase en un grado más de estudio para desarrollarse en la vida política, cultural y social (Barrera y Massolo, 2003).

Los componentes que constituyeron este rubro para establecer si las funcionarias encuestadas cuentan con posibilidades económicas para desarrollar su liderazgo político, fueron: a) el estrato económico y b) influencia del estrato económico sobre la carrera en la función pública.

a) Estrato económico. La valoración de las funcionarias con respecto a su estrato económico, determinaron que el 83.3% estimaron pertenecer a un estrato económico medio, el 10% estimaron pertenecer a un estrato bajo, y el 1.1% estimaron pertenecer a un estrato alto, y el 5.6% excluyó su respuesta.

b) influencia del estrato económico sobre la función pública. Al cuestionarle cómo influye su condición económica en su carrera en la función pública, el 65.6% manifestó que no influye de ninguna manera, el 22.2% respondió que sí influye positivamente, el 6.7% afirmó que influye negativamente, y el 5.6% excluyó su respuesta.

Ahora bien, siendo que la mayoría se colocó en un estrato económico medio, es necesario analizar: ¿Qué significa pertenecer a la clase media en México? Para Marx y Stuart Mill, pertenecer a la clase media es tener independencia sin subordinación en el trabajo. En el concepto aristotélico el punto medio es lo justo, lo correcto, y eso será el tener lo indispensable para vivir evitando lo superfluo (McCadden y del Castillo, 2015). En este caso, la pertenencia a la clase media significa: “no pasar hambre, tener una buena educación, tener un empleo bien pagado con prestaciones, una vivienda digna, servicios de salud, garantía de una pensión suficiente para el retiro, etc.” (McCadden y del Castillo, 2015).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) establece que los hogares de clase media se identifican en común en por lo menos tener: computadora, tarjeta de crédito, un integrante de la familia asalariado en empresa del sector privado, la cabeza del hogar tenga al menos educación media superior, asistir a escuela pública y tengan vivienda propia financiada con recursos de la familia o crédito de interés social. Sin embargo, habrá que distinguir que existe diferencia entre los niveles de ingresos y esto se refleja en su capacidad de consumo, por lo que algunos autores suelen hablar de clases medias, y en esto coincide con el punto de vista aristotélico planteado en McCadden y Del Castillo (2015).

Por otro lado, históricamente la clase media es la que busca la estabilidad política e impulsa los cambios económicos con el fin de mejorar su nivel de vida. En México, la burocracia y el sindicalismo han sido las fuentes de importancia de las clases medias. Las familias que han alcanzado un nivel de vida económico mínimamente desahogada operan como puente de la democracia para facilitar los cambios graduales en el desarrollo político y en la economía de un país. (De la Calle y Rubio, 2010, p. 21).

Reflexionado lo anterior, se puede asentir que, si la mayoría de las funcionarias se consideran de clase media, y esto no influye de ninguna manera, o influye positivamente en su carrera en el sector público, en su mayoría cuentan con medios económicos suficientes para tener un papel activo en la participación democrática en el Estado.

Respecto del 6.7% de las mujeres que respondieron que su estrato económico influye negativamente en su carrera política, éstas se encuentran dentro del 10% que manifestó estar en un estrato económico bajo. No obstante, estar actualmente desempeñando una función pública las orienta positivamente hacia la movilidad social, es decir, se encuentran en transición de pasar de un estrato bajo a un estrato medio, y en un futuro próximo podrían contar con condiciones económicas favorables para continuar su carrera en la función pública.

4. Factores psicológicos: la autoestima

El autoconcepto y autoestima se encuentran vinculados. El autoconcepto representa lo que se cree y piensa sobre sí mismo sin el componente cognitivo. En tanto la autoestima se concibe como la evaluación o valoración que realiza la persona de sí mismo, es decir, valora su autoeficacia, sus creencias, sus capacidades para organizar y ejecutar acciones determinadas para el manejo de ciertas situaciones, está conformada por aquellos juicios que se hacen los sujetos acerca de sus habilidades para el logro de una meta (Roa, 2013, p. 242).

La autoestima se relaciona con la autorrealización. De esta forma, entre mayor autoestima, mayor realización, menor autoestima, menor autorrealización. Una persona con autoestima elevada se impulsa a lograr sus propósitos u objetivos. Maslow sostiene que la mayoría de las personas que no han desarrollado un alto nivel de estima, nunca llegan a autorrealizarse (citado en Naranjo, 2007, p. 2).

Las personas que gozan de una buena autoestima, generalmente se caracterizan porque tienen; por una parte, metas significativas que le permitan proyectarse personalmente, y al contrario de ser toxicas para los demás, generan beneficios para sí y para otras personas. Habrá de considerarse que la autoestima de una persona no se ve, sino se percibe a través de patrones de conducta sobre los cuales se puede inferir un diagnóstico que permita establecer si la persona tiene alta o baja autoestima (Naranjo, 2007, p. 13). Los expertos han establecido que ésta puede inferirse a partir de una prueba donde se presenten situaciones específicas, solicitando a la persona elegir una opción entre una serie de conductas dadas, considerando cuál sería su reacción más probable ante tal situación.

En este estudio, en el cuestionario general se integró una pequeña prueba de tres situaciones, cuyas conductas elegidas por las encuestadas permitieron deducir entre una autoestima alta, muy buena, suficiente o baja. No se trata de un estudio a profundidad, pero sí permite orientar hacia donde se inclina la autoestima de las encuestadas.

Al respecto, se obtuvieron los siguientes resultados: en un 51.1% de las mujeres se inclinan por una autoestima alta, el 14.4% se inclinan hacia una autoestima suficiente, el 21.1 % se orienta a mantener una baja de autoestima y, el 13.3% omitieron contestar el test. Los porcentajes que reflejan una inclinación hacia un diagnóstico de suficiente y baja autoestima son preocupantes. Sumando ambos porcentajes, equivalen al 35.6% de las encuestadas, un poco más de la tercera parte de un total de 90 encuestadas. La función pública exige de las autoridades poder de decisión y gestión, por lo que esta situación limita en gran medida la eficiencia y eficacia del profesionalismo en la función pública. Estos resultados advierten la necesidad de trabajar esta parte de la personalidad de las funcionarias, no obstante, realizar un estudio con mayor alcance en la certeza en los resultados del diagnóstico.

5. Factores de índole político.

Este término es polisémico, no obstante, el sentido en que se emplea en este estudio está relacionado con la ciudadanía y asuntos públicos. A partir del reconocimiento de los derechos de las mujeres como ciudadanas, éstas tienen la oportunidad de participar en los espacios de gobierno en igualdad de condiciones. En esta esfera de participación, se espera que las mujeres demuestran sus conocimientos, destrezas y habilidades en el ámbito de gobierno, creando y desarrollando proyectos que garanticen estabilidad, superación económica, educativa y cultural, al tiempo que apoya al empoderamiento del género femenino en diferentes áreas de oportunidad.

En ese sentido, para valorar éste factor precisó implementar los siguientes componentes: a) Pertenencia a un partido político; b) derechos político-electorales ejercidos; c) conocimiento sobre las instituciones y medios jurídicos en defensa de sus derechos político-electorales, y de las instancias y procedimiento a seguir en caso de sufrir violencia política; d) percepción sobre factores personales que limitan carrera política o administrativa; e) percepción sobre factores personales que favorecen su función pública; f) percepción sobre los factores estructurales que relegan la participación política de las mujeres en general.

a) Pertenencia a un partido político. Los resultados obtenidos en este rubro, mostró que: 71 funcionarias están afiliadas a un partido político, y 19 no pertenecen a ningún partido político.

b) Derechos político-electorales ejercidos. Para este apartado se obtuvo la participaron de 81 funcionarias, ya que las restantes omitieron sus respuestas. Los resultados derivados revelaron que las 81 funcionarias han ejercido el derecho de votar, 52 han participados en consultas populares y, el derecho a ser votadas ha sido ejercido por 50 mujeres. Hay que aclarar que de las 81 encuestadas, 43 ostentan actualmente un cargo de elección popular, por lo que significa que por lo menos 7 de las mujeres ejercieron el derecho a ser votadas en anteriores elecciones.

La asociación con motivos políticos representa la pertenencia a un partido político en el mejor de los casos para poder ser postuladas a un cargo de elección, o bien, a cualquier otra forma de asociación con fines políticos, siempre y cuando sea lícita. Este derecho solo ha sido ejercido por 41 mujeres, y 40 no han ejercido. Al respecto, obsérvese que 71 funcionarias manifestaron su pertenencia a un partido político, por lo que estos resultados evidencias el desconocimiento del significado del derecho de asociación, por lo menos de 30 funcionarias que, habiendo manifestado tener una filiación partidista, no respondieron en congruencia en este componente.

El derecho de petición ha sido ejercido por 47 funcionarias, y 34 mencionaron no haberlo ejercido. En relación con el derecho de ser nombradas para cualquier empleo o comisión del servicio público, 55 de las encuestadas señalaron haberlo ejercido, en tanto, 26 respondieron no haberlo ejercido. Estos resultados llaman la atención en el sentido de que el artículo 108 constitucional dispone que las funciones desempeñadas por las actuales funcionarias son servicios públicos. Lo que representa que por lo menos, la tercera parte de las funcionarias no comprenden en su expresión más amplia este derecho. El derecho de proponer o impulsar leyes ha sido ejercido por 59 mujeres, y 22, respondieron en sentido negativo (véase Figura 1).

c) Conocimiento sobre las instituciones y medios jurídicos en defensa de sus derechos político-electorales y de las instancias y procedimiento a seguir en caso de sufrir violencia política. El número de funcionarias que afirmaron tener conocimiento sobre los medios de defensa fue de 59; y las que respondieron conocer las instancias y procedimiento a seguir en caso de sufrir violencia política fueron 63. De 81 funcionarias que participaron en este apartado, casi la cuarta parte de ellas desconocen los medios de defensa e instancias para demandar la violación a sus derechos político-electorales, y específicamente, la violencia política.

Es ineludible reducir estos porcentajes de desconocimiento. Se deben fomentar campañas sobre este apartado, y hacerlo de forma permanente en medios de comunicación y en redes sociales, e implementar cursos, conferencias, conversatorios o congresos donde participen mujeres y hombres en general, sobre todo a nivel local. Suele suceder, que solo se destacan los temas en la capital de los Estados, quedando marginado el municipio como prioridad en la educación sobre los derechos político-electorales. Mujeres y hombres, y, sobre todo, quienes tengan interés de participar en la política deben ser capacitados. La continuación de acciones para romper barreras y prescindir conductas machistas, debe incluir la colectividad política de la municipalidad.

d) Percepción sobre factores personales que limitan carrera política o administrativa. Entre los principales factores estructurales que limitan en forma personal la participación política de las funcionaras, fueron señalados: La poca experiencia en el ejercicio del poder (42 puntos); La insuficiente preparación y formación política (34 puntos); y La situación económica desfavorable (29 puntos).

La poca experiencia en el ejercicio del poder. Es un factor político limitante que ocupa un primer lugar en la inquietud de las funcionarias. Para la gran mayoría (63 %) es la primera vez que se encuentran desempeñando un cargo público, por lo que, la falta de experiencia en esos espacios las puede hacer sentir vulnerables en la competencia laboral frente a los varones. El 37% con anterioridad al cargo actual, han ocupados cargos de elección y de nombramientos en el gobierno federal, estatal o municipal, de las cuales: 15 funcionarias (16.7%) han ocupados cargos directivos municipales; 6 (6.6%) han ocupado cargos de elección (una como senadora y diputada local, otra como diputada local, otra como regidora y tres han sido suplentes); 2 (2.2%) han ocupado tanto de elección como directivos (una como diputada federal y secretaria de estado; y otra, como regidora y directora municipal); y el 11 (12.2%) de las funcionarias han ocupado cargos administrativos menores.

La insuficiente preparación y formación política, es señalado por 34 funcionarias como segundo factor limitante de oportunidades políticas personales. Considerando que entre mayor preparación académica, mayor será la eficacia y eficiencia desempeñada en la función pública, y como fue señalado en el rubro del factor educación, 25 funcionarias (27.78%) cuentan con un grado máximo de estudio técnico o secundaria, siendo la mayoría (72.2%) con grado de licenciatura o maestría, es de considerar que incluso, algunas de las que tienen grado de licenciatura, les ocupa el prepararse profesionalmente para desempeñar una función pública con mayor probabilidad de éxito.

La situación económica desfavorable, fue señalada con 29 puntos en un tercer lugar de preocupación como factor limitante en la carrera política de las funcionarias.

La difícil conciliación doméstica pública, ocupó un cuarto lugar (20 puntos) coincidiendo con los resultados obtenidos en relación con la doble jornada laboral, confirmando que representa un problema personal que afecta por lo menos a una cuarta parte de las funcionarias públicas.

e) Percepción sobre factores personales que favorecen su función pública. Para identificar estos factores, de la misma forma que el anterior, se proporcionó una lista de 11 factores, a fin de establecer los cinco de mayor importancia conforme al puntaje obtenido. Los resultaron permitieron identificar, con muy pocos puntos de diferencia, los siguientes factores: las Habilidades directivas y autonomía de criterio (37 puntos); la Sensibilidad y compromiso por cuestiones sociales (36 puntos); la Transparencia en la gestión (33 puntos); el Prestigio académico y/o profesional (31 puntos); y la Legitimación devenida de liderazgo comunitario (27 puntos). Es decir, todas estas características son reconocidas por las funcionarias, como aquellas que les han permitido penetrar con éxito en los cargos de elección o función pública administrativa que desempeñan.

f) Percepción sobre los factores estructurales que relegan la participación política de las mujeres en general. De siete opciones proporcionadas, las funcionarias señalaron los tres siguientes: el Favoritismo partidario hacia líderes masculinos (45 puntos); la Falta de programas que promuevan el empoderamiento femenino (42 puntos); y la Infravaloración de las capacidades femeninas (18 puntos). Estos resultados subrayan que la función pública es un área que hasta hace poco se abrió a la participación de las mujeres. Si bien se le ha dado impulso a la igualdad de género desde los organismos internacionales hacia lo nacional, aún existen grandes rezagos en el ámbito local, debiendo redoblar esfuerzos en el ámbito municipal, y que en cada renovación administrativa municipal y estatal, las mujeres continúen ganando espacios de poder y toma de decisiones.

CONCLUSIONES

En materia cultural, la marginación racial en la participación política de las mujeres no se encuentra comprometida como barrera frente a los condicionamientos que, por materia de género, continúan existiendo al interior de los partidos políticos. Es el acoso sexual y la violencia política que se presenta como otro tipo de marginación que no solo prevalece, sino que constituye un problema grave que enfrentan o han enfrentado las funcionarias tabasqueñas. En este sentido, la legislatura del Estado de Tabasco, integrada con el 51.5% de mujeres, deberá proponer la tipificación de estas conductas en materia penal y como delito electoral, y no solo permear como medida afirmativa para el caso y en tiempos electorales.

Respecto al factor educativo, si bien obtener un grado de estudio superior, no es un requisito normativo para ejercer un cargo de elección o de dirección en el ámbito de la función pública, los resultados demuestran que, entre mayor nivel de estudio o capacitación, mayor oportunidad se tendrá. Por tanto, es necesario que las mujeres se continúen capacitando para mejorar sus condiciones de vida, aumentar su autoestima y lograr su empoderamiento.

El factor económico no parece ser un problema determinante para las expectativas políticas de las funcionarias tabasqueñas. Por un lado, en su mayoría se consideraron pertenecer a una clase media, y esta condición no influye en su proyección política; por otro lado, una tercera parte de las encuestadas lo consideró como factor de riesgo, existiendo en este caso un porcentaje mínimo de contradicciones. El factor económico es muy importante para emprender en cualquier materia, incluyendo la carrera política.

La autoestima como factor en la proyección y en el ejercicio de la gestión pública, es concluyente. Es una cualidad necesaria para lograr el empoderamiento político de las mujeres, por lo que los resultados obtenidos preocupan, ya que existe un poco más de la tercera parte de funcionarias que orientan su conducta hacia una autoestima suficiente o baja. Esto indica que se debe trabajar en ese sentido, a través de estrategias apropiadas para fortalecer este indicador.

En el aspecto político, los componentes estudiados revelan que, si bien la gran mayoría de las mujeres pertenece a un partido político y han ejercido derechos políticos electorales, a una tercera parte se le dificultó la comprensión, en cuanto no los relacionaron con el derecho de asociación con fines políticos y la comprensión del derecho de ser nombradas para empleo o comisión en el servicio público.

El conocimiento de las instituciones y medios jurídicos en defensa de sus derechos políticos fue afirmativo por la mayoría de las funcionarias. No obstante, existe un poco menos de la mitad que los desconoce. En este sentido, se sugieren acciones para difundir sobre la materia entre la ciudadanía (hombre y mujeres) en el ámbito municipal, y principalmente, dentro los partidos políticos.

Se identificaron factores estructurales que de manera personal representan limitantes en la participación política de las funcionarias: 1. La poca experiencia en el ejercicio del poder; 2. La insuficiente preparación y formación política; y 3. La situación económica desfavorable. Así mismo, entre los factores estructurales que relegan la participación política de las mujeres en general, han sido señalados: 1. Favoritismo partidario hacia líderes masculinos; 2. Falta de programas que promuevan el empoderamiento femenino; y 3. Infravaloración de las capacidades femeninas. De estos resultados se desprende que, por una parte, la mayoría de las mujeres se sienten vulnerables ante la falta de experiencia laboral en los espacios públicos, y aunque la mayoría cuenta con estudios de licenciatura y posgrado, están conscientes de que la capacitación continua es imprescindible para ser competitivas en el ámbito público, ante la desvaloración de sus capacidades intelectuales por el hecho de ser mujer; por otra parte, contar con una situación económica favorable, también les facilita la proyección en su carrera política y, en este sentido, también coincide con uno de los componentes culturales de la doble jornada laboral entre el hogar y la función pública.

Con todos estos factores en contra, las funcionarias tabasqueñas se perciben capaces de enfrentar esos obstáculos, propiciando su inclusión política y administrativa en cargos directivos, de poder y toma de decisiones. En este sentido señalaron como factores que favorecen el desempeño de su actual encargo: 1. Habilidades directivas y autonomía de criterio; 2. Sensibilidad y compromiso por cuestiones sociales; 3. Transparencia en la gestión; 4. Prestigio académico y/o profesional y 5. Legitimación devenida de liderazgo comunitario. Estos factores forman parte de un nuevo perfil que propicia a las mujeres tabasqueñas alcanzar su empoderamiento político y desempeñar una gestión pública con eficiencia. Además, muestran que, con voluntad, las barreras personales pueden ser superadas si se tiene el interés de adquirir destrezas, habilidades y conocimiento para ejercer una carrera política y permanecer en el juego en igualdad de condiciones. Así mismo, este nuevo perfil es un avance en la transformación de la visión tradicional de los géneros, rompiendo arquetipos de una democracia estereotipada, incluyendo ahora la ciudanía y participación política de las mujeres.

En la gobernabilidad democrática mexicana persisten prácticas de las élites políticas por dar dirección a la agenda de lo público. Sin embargo, con un congreso local y regidurías paritarias las mujeres están representadas, y la agenda política relacionada con los problemas que las afectan como la pobreza, el desempleo, la salud, la seguridad pública, y el avance democrático en materia de igualdad de género, entre otros, promete ser dirigida con sensibilidad, solidaridad social y transparencia. La oportunidad de formular políticas públicas, garantizar una mayor representación de los intereses de las mujeres e intervenir en la toma de decisiones es una realidad para las mujeres tabasqueñas.

No obstante, la agenda legislativa de género debe incluir formular normativas con sentido ético, que comprometa a los partidos políticos con la igualdad de género y no discriminación, favoreciendo la democracia y la formación de mejores ciudadanas y ciudadanos que tiendan a desarticular las estructuras que continúan favoreciendo las conductas machistas en la sociedad tabasqueña.

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Función Pública	Total	Muestra	% Muestra
Secretaria de Estado	2	1	50.0
Subsecretarias	2*	1	50.0
Directoras estatales	4*	2	50.0
Presidentas municipales	7	2	28.57
Regidoras municipales	113	32	28.31
Directoras municipales	77	43	55.84
Senadora	1	1	100
Diputadas federales	5	1	20
Diputadas locales	18	7	38.8
Total	227	90	39.3

Factors influencing the political participation of women in the State of Tabasco, Mexico

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS